SANTA ROSA
La Suprema Corte de Mendoza confirmó la condena a 5 años de prisión para Sergio Salgado por concusión, desobediencia, malversación de fondos públicos y fraude a la administración pública, originada en rel desvío de fondos de la recaudación de la playa de estacionamiento de La Salada. El fallo de la Sala II está fundamentado por el ministro de la Corte José Valerio. Al mismo adhirieron las dos juezas de cámara Alejandra Orbelli y Marina Isuani.
El ex intendente de Santa Rosa tiene varias causas en su haber y sobre una fallaron los tribunales de San Martín en junio de 2018. Pero la sentencia del tribunal encabezado por Armando Martínez no quedó firme porque se trataba de la primera instancia. Por lo tanto, Salgado no quedó detenido pero tuvo que ir todos los meses ante la Justicia a notificarse.
Tras conocer aquella sentencia, la defensa del santarrosino apeló el fallo y ahora el máximo tribunal provincial ratificó las condenas que pesan sobre los acusados.
La lógica indica que el exjefe comunal quedaría tras las rejas, pero todavía tiene una instancia más para pedir que revean la sentencia. La secuencia es la siguiente: la Corte notificará al fiscal el fallo y el fiscal pedirá la detención de Salgado. Pero a la par, es muy probable que el abogado defensor pida que no se detenga a su cliente e interponga un recurso extraordinario federal. Si la defensa no hace ninguna presentación, entonces sí, el exintendente quedará detenido.
La Corte resolvió rechazar los recursos de casación interpuestos por la defensa de Salgado y de otros funcionarios municipales envueltos en la causa (Marcial Ibarra y Flavio Araya). Mientras que a Franco Ojeda Palma le dejaron sin efecto solamente la determinación de la pena de inhabilitación.
Para sostener la sentencia, Valerio se explaya a lo largo de 33 páginas. La parte más contundente está en el final, donde cita informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acerca de los perjuicios de la corrupción en las instituciones democráticas.
Cabe recordar que Salgado estuvo preso en abril de 2016 -a los pocos meses de haber asumido su tercer mandato como intendente- por la emisión de cheques sin fondo con la firma de la municipalidad. En total, pasó 6 meses tras las rejas hasta que la Corte le revocó la prisión preventiva en una fallo firmado por Omar Palermo, Jorge Nanclares y Julio Gómez. Esta causa sigue abierta.
En tribunales federales tiene otra desde julio del año pasado por defraudación contra la administración pública por un subsidio de $ 581.600 que recibió del Ministerio de Trabajo de la Nación y nunca rindió. La causa se inició por una denuncia de la ex intendenta de Santa Rosa, Norma Trigo.
Y tiene una causa federal más que prescribió el año pasado por fondos remitidos por la Nación que fueron usados para pagar sueldos de los empleados municipales.
