La comuna del Este y uno de sus funcionarios deberán afrontar la indemnización para cuatro empleadas que lo denunciaron por violencia de género. Pueden apelar

Si no hay agresiones físicas o al menos amenazas, la violencia de género en el ámbito laboral no es considerada un delito. Pero esto no quiere decir que pueda desembocar en un expediente judicial. El ejemplo claro es un fallo civil contra la Municipalidad de San Martín y un funcionario que deberán indemnizar a cuatro empleadas que sufrieron acoso laboral.

El escenario fue el Museo de las Bóvedas. El que quedó en el ojo de la tormenta: Ulises Yamil Cardozo. Este hombre era uno de los empleados administrativos del lugar pero en enero de 2017 fue nombrado como subdirector del establecimiento.

Según la demanda civil que impulsaron otras cuatro empleadas -representadas legalmente por Juan Rifo y Carolina Jacky-, las mujeres comenzaron a sufrir un constante hostigamiento por parte de Cardozo. No sólo fueron desplazadas de tareas administrativas a tareas de limpieza en el exterior del museo, sino que se contrató a otras tres mujeres más jóvenes para reemplazarlas.

Las denunciantes aseguraron que por el caso de violencia de género institucional debieron recibir asistencia psicológica y psiquiátrica, por lo que reclamaron $300 mil cada una en concepto de daño moral. En el fallo civil apuntaron contra la Municipalidad de San Martín y contra el funcionario en cuestión.

Desde la Municipalidad de San Martín contestaron que no existió un reclamo previo por parte de las empleadas, que se contrató al nuevo personal porque había más actividad en el museo y que incluso se ofreció a una de las demandantes ser la encargada y esta se negó. El abogado defensor de Cardozo planteó que siempre tuvo un trato cordial y respetuoso con las mujeres.

El juez Jorge Corradini le dio la derecha a las víctimas en el fallo civil. Un empleado de la Municipalidad de San Martín declaró y ratificó que Cardozo quería rodearse de su propia gente e intentó hacer un desgaste con las mujeres para que se fueran a trabajar a otro sector.

También tomó como prueba que una de las denunciantes se tomó una licencia sin goce de haberes, lo que evidencia que “prefería no cobrar el sueldo a soportar las conductas del demandado”. Incluso los psicólogos aseguraron que no hay “indicios de simulación” en el relato de las empleadas y que sufrieron ataques de pánico y síntomas depresivos.

En los últimos días se ventiló el fallo civil que avaló la indemnización por violencia de género psicológica laboral. El monto del resarcimiento es de $1.200.000 que deberán afrontar la comuna y Cardozo, aunque tienen la posibilidad de apelar ante una Cámara Civil y luego ante la Suprema Corte de Justicia.

Desde la comuna confirmaron que Cardozo sigue en el museo aunque como empleado y no como subdirector, ya que con el cambio de gestión el establecimiento quedó a cargo de la directora de Cultura.