Derechos y Garantías realizó la segunda jornada de abordaje de la temática Mapuche en Mendoza
La comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, que preside José Luis Ramón (Protectora), llevó a cabo la segunda jornada de consultas sobre el tema Mapuche en Mendoza. La próxima semana, los integrantes de la comisión analizarán los proyectos que se encuentran en análisis y las distintas exposiciones, para luego emitir dictamen.
En esta comisión, se reunieron todos los expedientes presentados por diputados y diputadas referidos a la temática; de allí la iniciativa de realizar estos encuentros para recibir los aportes y visiones de distintos sectores.
En esta oportunidad, participaron los doctores en Antropología Florencia Roulet, Diego Escolar y Julieta Magallanes; el director de Tierras y Registro Nacional de Comunidades Indígenas del INAI, Martín Plaza; el director de Asuntos Jurídicos del INAI, Celso Fernández Duarte, y Gabriel Jofré, miembro la organización identidad territorial Malweche.
Roulet, señaló que “cuando hablamos de preexistencia según la Constitución, no tiene asidero tomar como punto de referencia el momento de la conquista, sino que hay que hablar del momento en el que se establecieron las fronteras actuales, y esto nos lleva a fines del Siglo XIX, cuando el Estado avanza en sus territorios”, al tiempo que argumentó que “hay evidencias arqueológicas acerca de contactos muy antiguos a través de la cordillera”, “había circulación de objetos y personas en circuitos amplios, hay redes de interconexión que preexisten por muchos siglos a la conquista española”.
En cuanto a la población mendocina, mencionó a los puelches y pehuenches, y afirmó que “las fuentes más antiguas del XVI nos hablan de pueblos con una territorialidad cordillerana, realizando actividades a ambos lados de los Andes. Pero además ambos pueblos empiezan a participar desde el siglo XVII en los eventos diplomáticos importantes de Chile como son los parlamentos, caciques que tienen nombres en lengua mapudungún y los nombres, están indicando la lengua y el marco cultural en cuestión”.
Si bien sostuvo que “los puelches hablaban otra lengua”, aseguró que “fueron incorporando el mapudungún” por el comercio, por casamientos entre miembros de distintos pueblos, entre otros factores. Y, en esa línea, argumentó que “no hubo sustitución de población por mapuches, sino que son los pehuenches los vehículos del vínculo y la lengua mapuche”.
La especialista, quien además es Licenciada en Historia, hizo luego un repaso histórico por las campañas militares en territorio indígena y aseguró que “no había mapuches en Mendoza al momento de la conquista”, pero que “no había mapuches ni ahí ni en ningún lado. El término no existía. En Chile se llamaban reche, los españoles los llaman araucanos y en el Siglo XIX, en el contexto de las guerras de la independencia, y tanto allí como en Argentina, los mapuches aparecen como elemento de resistencia al español. La designación mapuche se va a generalizar después de la derrota militar por los Estados argentino y chileno. Y es el nombre con el que se van a identificar distintos pueblos con una vivencia histórica en común. Es el resultado de un largo proceso histórico”.
Martín Plaza, por su parte, hizo referencia al Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, en el marco de la Ley 26160, indicando de qué se trata el “marco normativo en el que se enmarca la política pública y el reconocimiento territorial a los pueblos indígenas”, que “cambia la perspectiva de abordaje de la cuestión indígena, se pasa a un paradigma de reconocimiento de derechos colectivos”, a lo que añadió que “el reconocimiento a la preexistencia es la base del reconocimiento de derechos”, según los establecido por la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT.
Dijo que la Ley nacional “es una ley de emergencia, ordena el relevamiento y suspende la ejecución de sentencias. Fue sancionada por un periodo de cuatro años y se ha ido prorrogando en distintas gestiones y no ha sido cuestionada la constitucionalidad de la Ley”.
“El decreto reglamentario habla de comunidades indígenas, posean o no posean personería jurídica”, por lo que “el Estado está obligado a relevar las tierras”. “No es una escritura ni se entrega título de propiedad. Sino que reconoce la posesión que es una cuestión de hecho y no de derecho”, explicó.
El funcionario dio detalles de las modalidades del programa que se aplica en distintas provincias y sostuvo que según el relevamiento realizado en Mendoza, hay
35 comunidades indígenas identificadas, 15 de ellas del pueblo Huarpe.
En la misma línea, Celso Fernández Duarte acotó que en términos jurídicos la primera legislación a nivel federal es la Ley 23302, que “es un pedido a grito de los pueblos indígenas a los partidos políticos. La ley empezó a hacer renacer los derechos indígenas”.
Tras realizar un repaso por la legislación vigente en la materia y la incorporación de la temática en la Constitución Nacional tras la reforma del 94, expresó que la Carta Magna de Mendoza “no cristaliza ningún artículo específico sobre las comunidades indígenas como sí lo han hecho otras provincias. Pero sin perjuicio a eso”, enumeró las leyes provinciales de adhesión a la legislación nacional y otras vinculadas a las poblaciones indígenas.
“El INAI es el organismo competente para determinar cuándo es una comunidad indígena y si no se está de acuerdo, hay impugnaciones administrativas”, acotó.
Diego Escolar, en tanto, resaltó la importancia de que “estos debates trasciendan del ámbito académico al público” y reforzó el concepto de que “según la Constitución nacional lo importante es su preexistencia en la Argentina, independientemente a la época colonial. Jurídica e históricamente se considera a los indígenas que vivían en el territorio”.
Coincidió en asegurar que ni en Chile ni Argentina “se utilizaba la palabra mapuche en términos étnicos, pero compartían parentesco de un lado a otro de la cordillera, también la lengua. Para el siglo XIX era muy difícil reconocer esas categorías indígenas antiguas, pero si se genera el pueblo mapuche”.
Relató cómo la población civil de estas comunidades “fueron llevadas como prisioneros y repartidos como esclavos en Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y otras provincias” y graficó que “en este movimiento de población indígena en el que son desmembradas las familias, trasladados como esclavos indígenas, muchos logran volver a sus territorios originales, y hay una identificación común como mapuches”.
El investigador del CONICET, dijo además que “la provincia de Mendoza y Argentina tiene una responsabilidad para con esos indígenas y para ello hay toda una legislación que procura una reparación histórica en la medida que pueda hacerse, de estos hechos. No podemos decir que los mapuches no existieron en Mendoza y que no son argentinos, porque estamos hablando de indígenas argentinos”.
En tanto, Julieta Magallanes, quien realizó trabajos étnicos en el sur de Mendoza, indicó que según el Censo de 2010, en Mendoza había 41.026 personas reconocidas como indígenas, “la mitad Huarpe y el 15% mapuche” y subrayó que “comprender por qué se dan estos momentos de visibilidad o invisibilidad de estas identidades, nos obliga a recuperar procesos históricos en los que los pueblos indígenas fueron expulsados de sus territorios”.
“El debate es clave”, sumó y en ello, “es crucial la etnología del siglo XX. El viejo concepto de araucanización de las pampas proponía el remplazo de culturas originarias argentinas por chilenas”, quienes “a su vez habían sucumbido por el ejército argentino. Esta teoría colaboró en justificar el régimen de propiedad privada que había estado en manos indígenas hasta 1870”.
Agregó que numerosos estudios dan cuenta que “las parcialidades, como puelches, pehuenches, eran grupos con amplias redes sociales a ambos lados de la cordillera y se reconocen hoy integrantes del pueblo mapuche” e insistió también en que “son preexistentes al Estado argentino y chileno”.
Finalmente, Gabriel Jofré celebró “que se abran estos espacios. Me presento desde mi condición territorial histórica. El pueblo mapuche nos estamos dando nuestro propio proceso. No somos historiadores, pero en las investigaciones pusieron en marcha cuestiones de derecho”.
“Estamos aplicando una Ley que se basa en la Constitución, no fuimos a estrados internacionales, estamos reclamando a un Estado soberano”, destacó y puntualizó que “el proceso de debate histórico tiene que darse, pero no somos objeto de estudio sino sujetos de derecho”.
Cabe recordar que en su reunión anterior la comisión recibió a los historiadores Pablo Lacoste y Andrea Greco, y el antropólogo Gustavo Neme; quienes expusieron sus pareceres y saberes sobre el tema en debate.
En ese sentido, se acordó que se incorporen a los expedientes obrantes en la comisión, todas las publicaciones y material científico que los especialistas han producido al respecto, así como lo expuesto durante las dos jornadas.
A continuación el enlace de lo expuesto en la primera jornada de análisis:
